PROYECTO ALTERNATIVO DE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Las declaraciones y medidas que el Gobierno busca es retornar la tierra a los despojados, y desenredar las irregularidades que articularon despojos jurídicos con despojos violentos. Se trata de la insistencia en mantener y multiplicar normas que permiten despojar a los campesinos, afros e indígenas.

Hay un contencioso desde finales del siglo XIX. La lucha campesina e indígena enfrentó múltiples escrituras fabricadas por notarios venales y que servían para despojar a los campesinos poseedores, a los resguardos indígenas coloniales y a los territorios indígenas aun no reconocidos. Desde entonces la lucha contra el despojo se orientó hacia el reconocimiento único de las escrituras otorgadas por el Estado y el desconocimiento de las fabricadas en las notarías o en cualquier otro lugar.

Si el terreno se presume baldío, el campesino que lo posee no puede ser lanzado por un presunto propietario que solamente exhiba escrituras fabricadas en una notaría. Por otra parte, quienes detentan títulos originarios del Estado como los colonos a los cuales el Estado ha adjudicado en propiedad un baldío o actualmente los resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras constituidos o ampliados por el Incora o Incoder, pueden estar seguros de que su derecho no se verá burlado por quien alegue una escritura fabricada antes de la constitución de la propiedad colectiva. De manera que los derechos de la nación protegen a la vez al colono campesino, al indígena y al afro colombiano.

Para la economía campesina como para el país, resulta perjudicial, que se trate de fomentar la utilización de las tierras aptas para la agricltura que están siendo desperdiciadas por grandes propietarios, se insista en entregar a los empresarios las tierras que están siendo cultivadas por los campesinos beneficiarios del Incoder o colonos que recibieron sus títulos de propiedad.
El Plan Nacional de Desarrollo ha “flexibilizado” la Unidad Agrícola Familiar” UAF, que protege la acción del Estado para redistribuir la propiedad de la tierra y evitar su concentración. Es un concepto que se aplica sólo a los beneficiarios de reforma agraria, de subsidios para comprar tierra y a los colonos que han conseguido un título de propiedad trabajándola. Se trata que las tierras no sean transferidas a grandes propietarios, ni objeto de procesos de concentración de la propiedad, sino que sirvan para democratizar la propiedad para lo cual el Estado hace una inversión o adjudica sus baldíos.
Según el Plan Nacional de Desarrollo, la administración se compromete a restituir territorios de las victimas del destierro y a fortalecer el agro.